El Gobierno de Nicaragua planea aprobar en septiembre una reforma parcial a la Constitución con el propósito de excluir de las elecciones a los opositores desnacionalizados, considerados “traidores a la patria”. Así lo declaró Rosario Murillo, copresidenta y esposa del presidente Daniel Ortega. La medida ha generado rechazo internacional por afectar el pluralismo político en el país.
Murillo explicó que el proceso de reforma será consultado “con todos los sectores” antes de su aprobación en los primeros días de septiembre. Detalló que este lunes los diputados se reunieron con embajadores acreditados en Nicaragua para explicar la iniciativa, aunque sin brindar mayores detalles. “Estamos pendientes de conocer los resultados de este primer encuentro respetuoso con la comunidad diplomática que vive y trabaja en Nicaragua”, añadió.
Además, los legisladores sostendrán reuniones con diversas autoridades nacionales como la Corte Suprema de Justicia, el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, todas coordinadas desde la Presidencia, para avanzar en la propuesta de reforma constitucional.
Esta iniciativa se da en un contexto de creciente autoritarismo por parte del presidente Ortega, quien gobierna desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral y represión contra la oposición. En un acto reciente por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega anunció que “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, generando una ola de preocupación tanto a nivel interno como internacional.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, indicó que sí habrá elecciones pero bajo un nuevo marco constitucional diseñado para blindarlas de “la injerencia extranjera” y de los llamados “traidores a la patria”. Esta postura busca justificar la exclusión de ciertos sectores políticos bajo la figura de protección nacional, algo que críticos consideran una estrategia para perpetuar el régimen sandinista.
La propuesta de reforma ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales y gobiernos extranjeros que consideran que socava los principios democráticos y el derecho a la participación política. La comunidad diplomática permanece atento al desarrollo de esta iniciativa y a sus posibles impactos en la estabilidad política y social de Nicaragua.
En resumen, el gobierno de Daniel Ortega impulsa una controvertida reforma constitucional para impedir la participación electoral de la oposición desnacionalizada, una medida que profundiza la crisis política en el país y aumenta las tensiones con la comunidad internacional. La expectativa está puesta en cómo se desarrollará este proceso durante septiembre y si se mantendrán las garantías democráticas en Nicaragua.
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